Arauca pide al gobierno nacional intervención urgente para garantizar el orden publico en este territorio

En una misiva dirigida al Ministerio del Interior, el Gobernador de Arauca Renzo Jesús Martínez Prada expresa lo siguiente:

Desde el departamento de Arauca, expresamos nuestra profunda solidaridad con los habitantes de la región del Catatumbo, Norte de Santander, quienes hoy enfrentan las graves consecuencias derivadas de los enfrentamientos armados entre el Grupo Armado Organizado (GAO) ELN y las Disidencias de las FARC (GAOR).

En nuestro territorio, lamentablemente, la población civil araucana no ha sido ajena a este conflicto armado, que se desarrolla por el control territorial y de las economías ilícitas que operan en el departamento de Arauca, especialmente en la zona fronteriza. Esta situación ha causado una crisis humanitaria sin precedentes, dejando un saldo de 345 homicidios en el año 2022, 136 homicidios en el año 2023, 165 homicidios en el año 2024 y 6 en el mes de Enero de 2025, para un total de 652 homicidios desde que inicio la confrontación armada entre el ELN y las Disidencias de las Farc, así como desplazamientos forzados masivos y confinamiento de la población civil.

En los municipios de Arauquita, Tame y Puerto Rondón, 131 familias han sido desplazadas, mientras que cerca de 4.000 familias permanecen en estado de confinamiento debido a las acciones violentas de los grupos armados.

La situación descrita refleja una realidad insostenible para las comunidades del departamento de Arauca, donde la población civil sufre las consecuencias directas del conflicto armado. Esta crisis requiere con urgencia la intervención del Gobierno Nacional para garantizar el orden público, salvaguardar los derechos humanos y proteger a las comunidades afectadas.

Por lo anterior, el gobierno departamental solicitó al Ministerio del Interior y demás entidades competentes prioricen la atención integral de esta problemática, mediante acciones concretas que incluyan:

1. Fortalecimiento de la seguridad en las zonas afectadas para garantizar la protección de la población civil.

2. Atención humanitaria inmediata para las familias desplazadas y en estado de confinamiento.

3. Estrategias sostenibles de prevención y resolución del conflicto que permitan avanzar hacia la paz y la convivencia en los territorios.