Sector de hidrocarburos puede ayudar a Colombia a mejorar sus indicadores económicos y de pobreza en el próximo cuatrienio: ACP
En Colombia, el sector está compuesto por más de 500 empresas entre operadoras y contratistas de bienes y servicios, con presencia en al menos 97 municipios y 19 departamentos con actividades E&P, y cuenta con 95 mil empleados.
Si Colombia sigue desarrollando la industria, esta generaría ingresos a la Nación por $105 billones en los próximos cuatro años y $227 billones hasta 2032.
Debilitar la industria repercutiría en una pérdida anticipada en la autosuficiencia energética: se importaría gas a partir del 2026 y petróleo desde 2028. Además de pérdidas en ingresos fiscales, regalías y divisas por exportación.
Ad portas del cambio de gobierno en Colombia, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas presenta el informe económico Escenarios de política energética y su impacto para los colombianos, sobre los aportes que el sector podría hacer al país en el próximo cuatrienio, e incluso en esta década. El informe presenta dos escenarios, uno de sostenimiento de la exploración y producción de petróleo y gas (Futuro A) y, en cambio, uno de debilitamiento de la exploración y producción de petróleo y gas (Futuro B).
En un contexto económico global que será retador para los distintos países por las presiones inflacionarias y la escasez de recursos energéticos y de abastecimiento global, el próximo Presidente de Colombia requerirá de recursos económicos para ejecutar su programa de Gobierno, que en todas las propuestas de los candidatos implica un aumento de gasto. Para financiarlo, la Nación requerirá de un aumento en sus ingresos, bien sea por la vía impositiva o por la dinamización de la economía a través de sectores capaces de generar recursos fiscales en gran proporción.
En el caso de la industria del petróleo y gas, en un escenario de sostenimiento (Futuro A), se estima que el sector generaría ingresos a la Nación por $105 billones en los próximos cuatro años y $227 billones hasta 2032, contribuyendo a la financiación de programas de desarrollo social, reactivación económica, diversificación productiva y energética y al equilibrio fiscal del país. Asimismo, aportaría $38 billones por regalías durante el próximo Gobierno, y $80 billones hasta 2032, que, con una coordinación de políticas públicas óptimas, contribuirían a mejorar la calidad de vida de las regiones del país, especialmente aquellas con mayores necesidades básicas insatisfechas (beneficiadas con regalías) y las productoras.
En contraste, en un escenario de debilitamiento (Futuro B), por desplome en producción se estima una pérdida de $18 billones de aportes fiscales y regalías de las empresas E&P a la Nación y las regiones. Por ejemplo, un departamento productor, como el Meta, dejaría de recibir $412 mil millones por regalías, recursos que equivalen a los ingresos destinados a fondos de salud y turismo del departamento; y uno no petrolero como el Chocó dejaría de recibir $70 mil millones, que hoy equivalen a la mitad de los ingresos del fondo local de salud del Chocó.
Por otro lado, en el Futuro A o escenario de sostenimiento de la industria, el impacto positivo también se refleja en las dinámicas económicas y sociales de las regiones, puesto que permitiría una contratación de bienes y servicios por $109 billones entre 2022 – 2026, mantener al menos 95 mil empleos, e impulsar inversiones socioambientales en las regiones por al menos $1,7 billones en este mismo periodo.
“Este es un momento crucial para el país, luego de la pandemia y el recrudecimiento de la pobreza que esta ocasionó, hay muchos desafíos en materia social, y este sector puede ser un gran aliado en la lucha contra la pobreza, pues los recursos que genere apoyarían la financiación de los principales programas de desarrollo del próximo gobierno, y permitirían apalancar la diversificación energética y productiva, mientras aprovechamos los recursos de petróleo y gas con los que cuenta Colombia en esta ventana de oportunidad única para el país”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.
Dentro de los hallazgos más relevantes del informe, se resalta también la importancia que tiene para Colombia contar con petróleo y gas nacional (autosuficiencia energética), fundamental para mitigar el costo de los servicios públicos de luz, gas, y combustibles (gasolina y diésel), y, por tanto, el costo de vida. Al contrario, esta situación cambiaría si el país requiere importar desde 2026 (Futuro B), teniendo en cuenta que, con importaciones de petróleo y gas el país sería aún más vulnerable a tensiones internacionales, se encarecerían la energía, los insumos con los que se fabrican productos del diario vivir, insumos agrícolas, el dólar, tasas de interés, el endeudamiento público y privado, todo esto con repercusión para el costo de vida de los colombianos y la actividad de otros sectores productivos.
“Estos escenarios podrían ser el resultado de las decisiones de política energética que tome el próximo gobierno, para el caso del Futuro A, que aproveche la oportunidad y fomente el desarrollo de la industria y, para el Futuro B, que obstaculice el crecimiento del sector, de ahí que, como se evidencia, las decisiones que se tomen tendrán un impacto para todos los colombianos, especialmente para los de las regiones productoras de petróleo y gas, así como también para las menos favorecidas. Con este informe queremos presentar elementos que sirvan para el análisis y la toma de decisiones responsables a nuestros futuros gobernantes y ratificar que esta industria quiere ser aliada del próximo Gobierno en beneficio del país”, destacó el dirigente gremial.
